NO ES UN DERECHO MÁS: ES EL MONOPOLIO DE LA FUERZA La sindicalización policial pone en tensión el equilibrio republicano

Cada vez que estalla un conflicto salarial dentro de una fuerza policial reaparece la misma consigna: “si son trabajadores, que tengan sindicato”. La frase parece razonable en la superficie. Pero el debate no es salarial. Es institucional.

La policía no es un trabajador más. Es el órgano que detenta el monopolio legítimo de la fuerza del Estado. Porta armas, ejerce coerción y garantiza el orden público. Esa función no es comparable con ninguna otra actividad laboral dentro del esquema democrático.

Un sindicato no es solo una herramienta para discutir salarios. Es una estructura de poder organizada frente al empleador. Implica representación autónoma, negociación colectiva y capacidad de presión institucional. Esa lógica es parte saludable del sistema democrático cuando hablamos de trabajadores no armados. Pero trasladarla a un cuerpo armado del Estado modifica el equilibrio republicano.

El derecho internacional reconoce esta diferencia. El propio Convenio 87 de la OIT habilita a los Estados a excluir a las fuerzas armadas y policiales del régimen sindical pleno. No es una excepción autoritaria. Es una previsión basada en una realidad evidente: la disciplina armada no puede funcionar bajo la misma lógica que una negociación colectiva tradicional.

Cuando una fuerza policial se organiza corporativamente con capacidad real de presión, el conflicto deja de ser estrictamente laboral. Quien debe garantizar el orden se convierte en actor de disputa institucional. Y cuando ese actor está armado, la tensión se vuelve estructural.

Esto no significa negar derechos. La policía debe tener salario digno, condiciones laborales adecuadas, contención psicológica y canales formales de reclamo. Pero esos mecanismos deben encuadrarse en un régimen especial que preserve la subordinación al poder civil. No pueden funcionar bajo la lógica sindical clásica.

La democracia se sostiene sobre un principio central: las armas están subordinadas a la autoridad política elegida por el pueblo. Cuando ese principio se diluye o se relativiza, la arquitectura institucional comienza a resquebrajarse.

No es una discusión ideológica. Es una discusión de diseño republicano.

Quien porta armas no puede negociar bajo la misma lógica que quien porta herramientas

La sindicalización plena de fuerzas policiales no es un derecho más. Es una definición sobre quién controla el monopolio de la fuerza. Y ese control no puede quedar sometido a lógicas corporativas.