DNU 941/25: MAS PODER, MENOS CONTROL Y UN ESTADO QUE HABILITA APREHENCIONES Y SECRETO ABSOLUTO

Con un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno reformó en profundidad la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando el poder de los organismos de inteligencia, habilitando pre-acciones encubiertas y declarando el secreto como regla. El DNU 941/25 no solo redefine el rol del Estado: pone en tensión garantías básicas, controles institucionales y derechos de los trabajadores.

La publicación del Decreto 941/25 marca un punto de inflexión en la arquitectura institucional argentina. Bajo el argumento de la seguridad estratégica y la modernización del sistema, el Poder Ejecutivo introdujo cambios estructurales en la Ley de Inteligencia Nacional sin debate parlamentario previo, mediante un DNU que ya se encuentra plenamente vigente.

No se trata de una reforma menor ni técnica. El decreto redefine funciones, amplía facultades, reorganiza organismos y establece un principio central que atraviesa todo el texto: la inteligencia como actividad esencialmente encubierta, protegida por el secreto y con márgenes de control difusos.

¿Un Estado que actúa antes?

Uno de los aspectos más sensibles del DNU 941/25 es la habilitación de lo que, en los hechos, pueden entenderse como pre-acciones. El decreto faculta a los organismos de inteligencia a actuar para “repeler o hacer cesar” situaciones que consideren riesgosas para sus actividades o para la seguridad nacional, incluso antes de que un daño se materialice plenamente.

Este enfoque preventivo, sin una delimitación precisa y con escasa referencia a controles externos efectivos, desplaza el eje clásico del Estado de derecho: ya no se interviene solo frente al hecho consumado, sino ante la presunción del riesgo. El problema no es la prevención en sí, sino la falta de garantías claras que impidan abusos, discrecionalidad o interpretaciones expansivas.

El decreto establece que las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto por su naturaleza sensible. En la práctica, esto institucionaliza el secreto como principio rector, reduciendo la trazabilidad, el acceso a la información y la posibilidad de control ciudadano.

En una democracia, el secreto debe ser excepcional, limitado y controlado. Cuando se transforma en regla general, el equilibrio entre seguridad y derechos comienza a erosionarse. El DNU 941/25 corre ese límite, ampliando zonas opacas del Estado en un contexto donde la confianza institucional ya se encuentra debilitada.

Más poder, menos controles

Otro punto crítico es la concentración de facultades en el Ejecutivo. La reforma de una ley estructural como la de inteligencia mediante un DNU plantea interrogantes legítimos sobre la urgencia invocada y sobre el rol del Congreso, relegado a un control posterior que, en los hechos, suele diluirse.

El decreto fortalece a los organismos de inteligencia, amplía su radio de acción e integra a múltiples dependencias estatales en comunidades informativas, sin detallar con precisión los mecanismos de supervisión, auditoría y rendición de cuentas. El resultado es un sistema más poderoso, pero no necesariamente más transparente ni más controlado.

El debate de fondo no es si el Estado debe contar con inteligencia. Esa discusión está saldada. La pregunta central es qué tipo de inteligencia, con qué límites, bajo qué controles y al servicio de qué concepción democrática. El DNU 941/25 abre un escenario complejo. Lo hace en silencio, sin deliberación pública y apelando a la urgencia como justificación. En ese contexto, la discusión parlamentaria, el control judicial y el escrutinio ciudadano no son un obstáculo: son una necesidad democrática.

Porque cuando el Estado amplía su poder en las sombras, la luz del debate público deja de ser una opción y pasa a ser una obligación.